La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha solicitado la retirada del proyecto de Real Decreto que regulará la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 16 de junio de 2026 y en fase de alegaciones hasta el 25 de junio. La entidad reclama que se elabore un nuevo texto con la participación efectiva de las familias, las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios.
La FEDE reconoce que el proyecto contiene avances esperados por las familias, como la ampliación de los plazos de prórroga o la incorporación de nuevas enfermedades. Sin embargo, tal como está redactado, su modelo de acreditación y control puede acabar restringiendo en la práctica el acceso a esta prestación y poner en peligro su continuidad en el tiempo.
La diabetes tipo 1 en la infancia es un claro ejemplo donde las nuevas disposiciones pueden llegar a restringir la prestación, perjudicando la calidad de vida del niño y de la familia.
Los principales aspectos del proyecto que resultan incompatibles con una regulación centrada en la necesidad real de cuidado, según la organizacion, son:
- El derecho no puede medirse por lo clínico, sino por la necesidad real de cuidado
El proyecto condiciona la protección a que existan cuidados de carácter clínico u hospitalario (“vigilancia clínica constante” o “terapias especializadas y complejas”), pero un menor con diabetes tipo 1 necesita un cuidado directo, continuo y permanente (control de la glucosa durante todo el día, administración de insulina, prevención de hipoglucemias, vigilancia nocturna, etc.) que no encaja en esas categorías. El Tribunal Supremo ha dejado claro de forma reiterada que lo determinante es la necesidad de cuidado, no la hospitalización. Existe además un riesgo de fondo: que el buen control de la patología se interprete según el texto como una “menor necesidad” y sirva para denegar la prestación.
- Más control y más burocracia, no menos
El proyecto exige que las renovaciones las firme un médico especialista en lugar de un médico de Atención Primaria cuando este último es, en muchos casos, quien mejor conoce la evolución diaria del menor. Ese informe puede convertirse en un filtro que active la retirada de la prestación, aunque el médico de cabecera considere que el cuidado sigue siendo necesario. En FEDE consideran que el control actual, basado en el criterio del facultativo que trata al menor, ya es suficiente y más garantista.
- El horario escolar no puede usarse para retirar la protección
Incluir el horario escolar como dato para valorar la prestación es un error: ir al colegio no elimina la necesidad de cuidado. Un menor con diabetes puede estar en clase y necesitar igualmente que su familia esté disponible para atender una hipoglucemia o gestionar su tratamiento. La educación es un derecho del menor y no puede convertirse en un argumento para retirar protección a su familia.
- Nuevas causas de extinción que aumentan la vulnerabilidad
El proyecto permite extinguir la prestación cuando el beneficiario o el propio hijo realizan prácticas formativas, o cuando el otro progenitor pasa a una situación de incapacidad. Son medidas que penalizan la formación y multiplican la fragilidad de las familias en los momentos más difíciles, en lugar de protegerlas.
- Siguen sin resolverse situaciones que persisten más allá de la edad límite
Muchos jóvenes con enfermedades crónicas graves siguen necesitando apoyo más allá de la edad límite de la prestación. FEDE pide que se articulen mecanismos que eviten dejar a estas familias sin ninguna cobertura.
La Federación Española de Diabetes reclama de esta manera la retirada del proyecto y la apertura de un proceso de elaboración de un nuevo texto que sitúe en el centro la necesidad real de cuidado de cada menor, acreditada por el facultativo del servicio público de salud que le atiende, y no la edad ni el horario escolar.
La entidad presentará sus alegaciones dentro del plazo de audiencia pública, de forma alineada con sus entidades asociadas y con el asesoramiento de familiares y afectados. De esta forma, y con el objetivo de que ningún progenitor tenga que elegir entre cuidar de su hijo y su vida laboral.
