Un enfermero no es la persona idónea para enseñar al alumno de Primaria a sumar fracciones, de la misma manera que tampoco lo es un docente para medicar a un niño que padece una enfermedad crónica como la diabetes; motivo por el que padres, docentes y sanitarios llevan años reclamando a la Administración la integración de la figura de la enfermera escolar que, hoy por hoy, tiene una implantación limitada en España por la falta de obligatoriedad.
Esta situación deja en los profesores la responsabilidad de actuar ante los casos de diabetes, pero también de asma, alergias o incluso enfermedades crónicas.
Según cuenta el diario ABC, la Comunidad de Madrid es, de lejos, la mejor parada, con 1.000 enfermeras escolares, aunque en esta región, como ocurre en el resto, también hay diferencias entre la enseñanza pública, privada y concertada; y sólo un 10 % de los colegios concertados madrileños tienen en plantilla a una enfermera escolar, trabajando la mayoría en centros públicos y privados.
De hecho, desde Cicae, la mayor asociación de colegios privados españoles, afirman que entre un 95 % y un 98 % de sus centros cuentan con esta figura.
Actualmente, para que los centros escolares puedan contar con una enfermera en sus plantillas deben justificar que tienen alumnos que necesitan de sus cuidados, explica Diego Ayuso, secretario general del CGE, que explica que de forma recurrente deben presentar informes sobre las patologías de los menores para que esta prestación en las aulas se mantenga.
El modelo que persiguen desde esta organizacion es el de "que haya una enfermera en el colegio a jornada completa y aborde las necesidades amplias de salud de los niños", reclama Ayuso.
Otro modelo que opera en nuestro país es el de los centros de titularidad privada, que recurren a empresas para dotar a los colegios de enfermeras. Una de las más conocidas es School Nurses, que permite a las escuelas contratar a las sanitarias por horas; y al tratarse de centros privados, pueden repercutir el sobrecoste de este servicio a las familias.
El caso es que, a pesar de ser una vieja reclamación nunca satisfecha, la necesidad de implantar la figura de la enfermera escolar se ha reavivado estos días después de la controversia provocada en Asturias con la publicación, tal y como informamos en su día en Infodiabético, de una guía para la diabetes que contemplaba que el profesorado que estuviera formado pudiera suministrar insulina al alumno, previa autorización.
El sindicato de profesores de la enseñanza pública ANPE ha calificado esta medida de «temeridad», argumentando que los docentes no poseen la formación necesaria para administrar medicamentos de manera segura; y a la queja se unió el sindicato de enfermería Satse que pidió la suspensión cautelar de la guía señalando que «pone en riesgo» la salud de los menores.
El caso es que la situación en Asturias ha escalado hasta el punto de que se ha presentado una demanda contra el Principado alegando que «la instrucción de solicitar a los maestros que inyecten insulina a los alumnos es ilícita. Hemos detectado que hay profesores atemorizados y no sólo por los diabéticos, sino ante cualquier problema».
Así las cosas, la preocupación ha cundido entre muchos padres que no entienden que no se haya regulado esta figura tan reclamada a nivel estatal. En este sentido, María Capellán, máxima responsable de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), ha explicado que «el problema generalizado que existe en los centros educativos con esta cuestión es muy serio», para añadir que «Hemos detectado que hay muchos profesores atemorizados y no sólo por los menores diabéticos, sino ante cualquier problema sanitario que pueda surgir en horario escolar».
Además, desde esta organización advierten del agravante de que hay algunas enfermeras que están en los centros a tiempo parcial. En este sentido, fuentes del Ministerio de Sanidad ha explicado que la intención de este organismo es aprobar próximamente el Marco Estratégico de los Cuidados en Salud en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, desde donde teóricamente se abordarán las necesidades de la población en lo que a perfiles de profesionales de la enfermería se refiere.
En este escenario se pueden analizar las necesidades de enfermeras escolares, teniendo en cuenta que en nuestro país, el protocolo varía según la Comunidad Autónoma, una circunstancia que ya ha ocasionado que la justicia autonómica se haya pronunciado al respecto, cuando por ejemplo, en 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló una resolución de las consejerías de Educación y Sanidad por las que se daban instrucciones para la atención a los alumnos con problemas de salud crónica.
En esta sentencia se impedía la atención de urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los colegios, por lo que el alto tribunal valenciano estimaba el recurso interpuesto por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que consideraba «un despropósito» que los docentes «tengan la responsabilidad de actuar ante una urgencia», ya que, según señalaba «un profesor no tiene capacidad para valorar si por ejemplo hay hipoglucemia o no».
